El proyecto de ley propone establecer un régimen de transición para la protección de los contratistas vinculados bajo la modalidad contractual de prestación de servicios en el sector público de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, siempre y cuando sean de dedicación exclusiva y posean un único contrato con una entidad del sector público o de poseer varios no posean ingresos que los obliguen a declarar renta; la actualización de plantas de personal de las entidades del Estado junto con la modernización de las mismas; y la prevención del encubrimiento de relaciones laborales bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios que se celebren para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades del sector público.