Garantizar un mínimo vital de acceso y uso a internet para los colombianos desde sus residencias y entidades públicas, atreves de las tecnologías desplegadas, conforme a los principios orientadores de la ley 1341 de 2009 y la ley 1978 de 2019 y de la sociedad de la información y del conocimiento. Promoviendo el acceso a los bienes colectivos del Estado para facilitar el acceso a trámites y servicios, la generación de aptitudes digitales en los ciudadanos, fomentando la calidad para maximizar el bienestar social de la población en un marco de igualdad que posibilite el desarrollo y la competitividad del sector de las telecomunicaciones. Según el proyecto de ley, el mínimo vital de internet es la cantidad de señal mínima de consumo por redes inalámbricas, línea telefónica o conmutada, red digital, telefonía móvil, satelital, fibra óptica o coaxial, o similares utilizada en un mes por una familia para satisfacer necesidades básicas como el eficiente acceso a la información, la comunicación, el conocimiento, la interconexión y el trámite de servicios a través de la internet.
El objeto del proyecto de ley de autoría del representante por el departamento del Tolima, Ricardo Ferro (Centro Democrático), es el de adicionar una causal de inhabilidad para participar en los procesos contractuales adelantados por las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, impuesta dicha inhabilidad a aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la violación del régimen de competencia, esto con el fin de combatir las prácticas de Acuerdos Anticompetitivos , en cualquier forma en que se presente.
El representante Antioqueño, León Fredy Muñoz (Alianza Verde), ponen a consideración de la Comisión Séptima de la Cámara un proyecto de ley para modificar la jornada laboral de 48 a 36 horas, con el propósito de “generar un nuevo turno de trabajo, mejorar la productividad y la competitividad de la industria colombiana, brindar una mejor calidad de vida a los trabajadores colombianos y a sus familias y puedan emprender actividades educativas, de capacitación, lúdicas o compartir tiempo de calidad con las familias e incentivar los aportes al sistema general de seguridad social”.
El representante por Bogotá, Juan Carlos Lozada (Liberal), pone a consideración de la Comisión Primera de la Cámara un proyecto de ley que tiene como propósito crear el delito de Fracking en el Código Penal colombiano. Para tal efecto, se adiciona un artículo al Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la Ley 599 del 2000. Según el articulado del proyecto, “el que realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través del método de fracturación
El objeto de la presente ley es crear la licencia ambiental para la construcción o ampliación y operación de cementerios a fin de controlar la contaminación y proteger el ambiente y la salud de los seres vivos. La necesidad de la iniciativa legislativa se centra en que algunos cementerios pueden presentar algunas afectaciones ambientales tales como: Contaminación de aguas superficiales y subterráneas debido a los procesos de lixiviados de sustancias orgánicas, como resultado de la inhumación de cadáveres o restos humanos y óseos y el vertimiento de agua contaminada con sustancias químicas proveniente de pesticidas y sustancias orgánicas, sobre todo con restos de flores. Contaminación atmosférica como resultado de la cremación de cadáveres,
Congresistas de diferentes bancadas (Liberal, Conservador, Alianza Verde y Partido de la U) radicaron el presente proyecto de acto legislativo que tiene por objeto modificar el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia con el fin de prohibir el ingreso al país, así como la producción, comercialización, exportación y liberación de semillas genéticamente modificadas, en aras de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de los campesinos y agricultores a las semillas libres.