habitan en la cuenca del Río Atrato en el Departamento del Chocó, de conformidad con lo establecido en la sentencia T 622 de 2016 de la Corte Constitucional. Entre otras disposiciones, busca crear un plan de acción para erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen por el río Atrato, sus afluentes y en el Departamento del Chocó.