La Agencia Nacional de Minería informó que el Auto GCM 572 del 11 de diciembre de 2025 fue notificado nuevamente mediante el Estado No. 042 del 4 de marzo de 2026. A través de este acto, el Grupo de Contratación Minera requirió a múltiples proponentes de contratos de concesión minera presentar la certificación ambiental expedida por la autoridad competente, como parte del proceso de evaluación. El documento debe radicarse en el sistema AnnA Minería y corresponde a trámites realizados en la plataforma VITAL del Ministerio de Ambiente. La entidad instó a los interesados a revisar el contenido del auto y cumplir el requerimiento dentro de los plazos establecidos.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado analizó que las medidas policivas derivadas de un amparo minero deben ser adelantadas por las autoridades de policía, en coordinación con la autoridad minera, pero sin que esta última asuma funciones propias de policía administrativa. Precisó que, una vez concedido el amparo, corresponde a los alcaldes, como primeras autoridades de policía, ejecutar las acciones necesarias para garantizar la protección del título minero, incluyendo el desalojo o la suspensión de actividades ilegales. Asimismo, destacó que esta competencia se enmarca en la función de preservar el orden público y asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas en materia minera.

El Gobierno reafirmó su compromiso con la formalización de la minería de pequeña escala, tradicional y de subsistencia, considerándola un pilar para el sustento familiar y el bienestar territorial, especialmente en la subregión del Bajo Cauca. La Entidad indicó que través de la Resolución 40141 de 2025, se ha implementado una ruta ágil que ya ha permitido integrar a 2.242 mineros y se ofrece reconversión productiva a quienes operan en zonas ambientalmente restringidas. Paralelamente, el Estado ha intensificado su lucha contra la extracción ilícita de minerales, actividad que depredada recursos naturales, alimenta el conflicto y pone en riesgo comunidades y la soberanía alimentaria. En lo que va de 2026, el Ministerio de Defensa ha inutilizado 22 dragas y dragones en siete operativos. Los ministerios reiteran su vocación de diálogo y concertación, promoviendo una minería legal que equilibre el desarrollo económico con la protección ambiental, redistribuya riqueza a los mineros y las comunidades locales, y contribuya a la paz territorial y la transición energética del país.

La ANM lanzó la Convocatoria Pública "Tecnologías Limpias para el Beneficio de Oro 2026" con el propósito de fomentar una minería responsable, sostenible y libre de mercurio en Colombia. La iniciativa invita a desarrolladores, emprendedores, empresas y centros de investigación a presentar soluciones tecnológicas innovadoras para optimizar la extracción y recuperación de oro y metales asociados, reduciendo impactos ambientales y promoviendo prácticas sostenibles. Los participantes tendrán la oportunidad de dar visibilidad a sus desarrollos ante la ANM y actores estratégicos, conectar con productores mineros y participar en ferias y espacios de intercambio de conocimiento. Los interesados deben inscribirse presentando su experiencia y soluciones a través de un formulario en línea, contribuyendo así a la transformación hacia una minería más competitiva y sostenible en el país

 El Ministerio de Minas impulsa un proyecto de decreto para reglamentar de forma integral el cierre y post-cierre de minas en Colombia. El proyecto regulatorio adiciona los decretos 1073 y 1076 de 2015, establece condiciones ambientales, técnicas, financieras y sociales obligatorias para los titulares mineros, incluyendo el aprovisionamiento de recursos y garantías para la recuperación y restauración de las áreas intervenidas. El plan de cierre, respaldado por jurisprudencia clave, debe ser integral, gradual y garantizar la sostenibilidad ambiental, social y laboral post-minería, con tipos de cierre progresivo, temporal, anticipado, final y técnico gradual para la pequeña minería.