A través del acto administrativo se fijaron criterios que permiten a la ANM evaluar la capacidad jurídica, técnica, financiera, medioambiental y de responsabilidad social empresarial de los Participantes para su habilitación y así puedan participar en los procesos de selección objetiva que adelante la ANM mediante Términos de Referencia para Áreas de Reserva Estratégica Mineras, durante la vigencia de su respectiva habilitación.

A través del acto administrativo se efectúa un traslado entre rubros desagregados del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía — Gestión General, vigencia 2021, cuenta Adquisición de Bienes y Servicios de acuerdo con la tabla descriptiva que hace parte integral del documento publicado por la entidad.

A través de un comunicado, el MinMinas anunció: “El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía y la ANH, liderará una jornada de diálogo territorial con las autoridades y la ciudadanía de Puerto Wilches (Santander) el próximo jueves 11 de febrero,

La Agencia Nacional de Minería pone a disposición de ciudadanía, grupos de valor y partes interesadas, las Matrices de Riesgos de Gestión y Corrupción de la ANM aprobadas en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 29/01/2021. Los comentarios serán recibidos hasta el 26 febrero a través de los correos electrónicos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La parte actora pretende la declaratoria de nulidad de la Resolución dictada por la Directora de Titulación y Fiscalización Minera de la Gobernación de Antioquia, por medio de las cuales se rechazó y ordenó el archivo de la solicitud de legalización minera. Para la Sala, la pretendida nulidad en la medida que la autoridad minera fundamentó sus decisiones en la Ley 1382 de 2010,