se deben tener cuenta los principios rectores de todo proceso, especialmente el derecho de Defensa pilar del Debido Proceso, así como también los de la legalidad, Eximición de la culpa y la favorabilidad, entre otros. Las sanciones pecuniarias deben ser impuestas con base en el salario mínimo legal vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que originan la sanción y no al momento en el que la administración culmine el proceso administrativo sancionatorio respectivo. 

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