El decreto hace efectiva la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por el término de doce (12) años, impuesta al gobernador del departamento de Córdoba para la época de los hechos (octubre de 2017), en cumplimiento de la decisión de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, proferida el 25 de febrero de 2020.