Se trata del texto del fallo Corte Constitucional, cuya ponencia es del magistrado Alejandro Linares, “en el que se declaró inconstitucional las contribuciones especiales a cargo de las personas prestadoras de los servicios de gas, agua y saneamiento básico, contempladas en el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND). La decisión tendrá efectos a partir del 1º de enero de 2023”.