La CRA abordó orientaciones dirigidas a grandes prestadores, con el propósito de promover la eficiencia económica y garantizar la calidad del servicio. En este marco, enfatizó la necesidad de clasificar de manera estricta y detallada los costos asociados al tratamiento de aguas residuales, diferenciando entre gastos comparables y particulares. Asimismo, precisó que los costos de comercialización, como la toma de lecturas y la entrega de facturas, deben incluirse en los rubros administrativos. Respecto de los arrendamientos bajo las nuevas normas contables, su valor será reconocido en el cálculo tarifario, ya sea como gasto directo o mediante la depreciación del activo. Finalmente, recordó a los prestadores la obligación de sustentar internamente la diferenciación entre usuarios urbanos y rurales, pese a las actuales limitaciones de los sistemas de reporte, para garantizar la correcta aplicación de la metodología.