La CRA respondió varias inquietudes a una comunidad rural que buscaba fijar una "matrícula" de conexión al servicio de acueducto en diez millones de pesos, con el fin de desincentivar el crecimiento habitacional. La CRA precisó que estos cargos deben reflejar exclusivamente los costos reales y eficientes de conexión, respaldados por estudios técnicos, y no pueden utilizarse como herramienta de control urbanístico o demográfico. Tal práctica desnaturaliza el instrumento tarifario, vulnera los principios de eficiencia y suficiencia financiera, excede las competencias del prestador y compromete el derecho fundamental al agua, aunque no exista un tope en pesos para pequeños gestores comunitarios, estos deben ajustarse a la legalidad y la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos.