El Gobierno reglamentó la Ley 2294 de 2023, modificando el Decreto 1076 de 2015 para fortalecer la gestión comunitaria del agua y saneamiento básico. Esta normativa reconoce a los gestores comunitarios como actores clave, otorgándoles exenciones significativas: no requerirán concesión de aguas para consumos menores a 1.0 litros por segundo destinados a consumo humano o subsistencia rural, bajo ciertas condiciones. Para caudales entre 1.0 y 4.0 lps de uso doméstico, se elimina la exigencia del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y la autorización sanitaria. Asimismo, los proyectos de reúso de aguas residuales domésticas para actividades agrícolas e industriales, que cumplan criterios de calidad, tampoco necesitarán concesión. El decreto busca impulsar el acceso universal al agua y la sostenibilidad hídrica mediante la autonomía y participación de las comunidades.