La SSPD precisó aspectos sobre el cambio de medidores por desarrollo tecnológico, la financiación asociada y la defensa del usuario. Se precisa que los prestadores deben notificar formalmente al usuario, quien tiene la facultad de adquirir el medidor con el proveedor de su elección, siempre que cumpla con los requisitos técnicos. El usuario dispone de un período de facturación para realizar el reemplazo o reparación por su cuenta. Es imperativo que, si el cambio se debe a avance tecnológico, el prestador demuestre una mejora real y verificable en la precisión de la medida, bajo criterios de razonabilidad y no arbitrariedad. Para los estratos 1, 2 y 3, los prestadores están obligados a ofrecer financiación por un mínimo de 36 meses para cubrir los costos. Los usuarios pueden interponer reclamaciones y recursos de reposición y apelación ante el prestador y la Superintendencia si consideran que se vulneran sus derechos o el debido proceso.