La CGR aclaró su papel en los procesos de restitución de tierras, específicamente bajo la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 902 de 2017. La entidad subraya que, si bien tiene competencias de vigilancia y control fiscal sobre las asignaciones presupuestales destinadas a las Mesas de Reparación de Víctimas y el seguimiento al uso de recursos en planes de prevención, no está facultada para intervenir como parte en los procesos judiciales de restitución de tierras. Su función de representación judicial se activa en situaciones donde la Contraloría es directamente parte o cuando se discuten hechos que generen detrimento patrimonial al Estado, lo cual no ocurre en las disputas agrarias.