Colombia ha emitido un decreto que impone aranceles recíprocos del 30% ad valorem a productos ecuatorianos y restringe el ingreso de ciertas mercancías, citando razones de seguridad nacional. La decisión responde a la "tasa de seguridad" del 30% y a las limitaciones fronterizas que Ecuador aplicó a importaciones colombianas, causando un grave perjuicio a los exportadores y a la economía nacional. El gobierno colombiano justifica sus contramedidas bajo el Acuerdo de Cartagena y el GATT de la OMC, buscando proteger la producción nacional, la sanidad y la seguridad alimentaria. Las restricciones impactan productos agrícolas, pesqueros y químicos, con controles en pasos fronterizos como Ipiales y Puerto Asís.