La resolución, fundamentada en mandatos constitucionales y acuerdos internacionales sobre cambio climático y derechos humanos, orienta la planificación local sin anular la autonomía municipal, pero establece criterios técnicos para un uso equitativo y sostenible del suelo. Con el apoyo de la UPRA, la APPA promoverá la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, respetando los derechos adquiridos. Se evaluará cada cinco años para asegurar su impacto en la disponibilidad y estabilidad de alimentos.