Es obligación de las empresas de servicios públicos, al preparar las facturas, investigar las desviaciones significativas en consumos frente a períodos anteriores para garantizar la veracidad y justicia en el cobro. Mientras se establece la causa de la desviación, pueden facturar con base en promedios de consumos previos o de usuarios en circunstancias similares. Una vez aclarada la causa, deben abonar o cobrar las diferencias reales. Esto asegura que solo se cobre por consumos efectivamente probados, protegiendo al usuario de cobros excesivos o injustificados y garantizando la corrección frente a incrementos o reducciones no justificadas en el consumo.