El caso involucra una acción popular contra la EAAB y la CAR por contaminación del río Bogotá y manejo inadecuado de biosólidos generados en la PTAR Salitre Fase II, afectando derechos colectivos a un ambiente sano y salud pública. La providencia del 16 de febrero de 2023 modificó medidas cautelares, estableciendo responsabilidades conforme al Decreto 1287 de 2014 para evitar daños ambientales. El Consorcio solicitó aclaración de la providencia, alegando confusión normativa y cuestionando la decisión judicial. El Consejo de Estado determinó que la aclaración no procede para revisar fallos, pues debe limitarse a despejar dudas sobre la resolución, por lo que denegó la solicitud y confirmó la decisión y aplicación normativa original.