El Consejo de Estado confirmó la sentencia que negó la demanda contra la Agencia Nacional de Minería (ANM), en la que reclamaban daños por la expedición de resoluciones que rechazaron ilegalmente propuestas de contratos de concesión minera. El análisis judicial concluyó el demandante no cumplió con la carga probatoria para demostrar la existencia y cuantía concreta de los perjuicios materiales alegados, como daño emergente o lucro cesante. No se aportaron pruebas suficientes que evidenciaran la afectación real al patrimonio del demandante, ni que los perjuicios supuestos derivaran efectivamente de las acciones de la ANM. Además, se aclaró que la inscripción en el Registro Minero Nacional no era el único requisito para ejecutar los contratos, pues subsistían otras obligaciones legales posteriores. Por estas razones, el Consejo descartó la procedencia de la reparación solicitada y confirmó la negación de las pretensiones contra la ANM.