El régimen de subsanabilidad en los procedimientos de selección, según la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1882 de 2018, establece que las entidades estatales deben permitir la corrección de requisitos habilitantes que no afectan la comparación o asignación de puntajes, evitando el rechazo automático de ofertas por errores formales. La regla general permite que proponentes subsanen documentos hasta el término de traslado del informe de evaluación, con excepciones para procesos de mínima cuantía y subasta, donde estos pueden solicitarse hasta antes del acto. No obstante, no se admite subsanar la falta de garantía de seriedad o circunstancias ocurridas posterior al cierre del proceso. Este régimen garantiza la selección objetiva priorizando la favorabilidad sobre formalismos estrictos.