Los prestadores de servicios públicos de acueducto y saneamiento tienen autonomía para decidir la aplicación de actualizaciones tarifarias por acumulación de índices de precios debido a la regulación establecida en la Ley 142 de 1994. Esta ley permite que las empresas actualicen tarifas mediante variaciones en los índices de precios, lo que les da la flexibilidad de no aplicar incrementos en el momento en que se generan, sino acumularlos para vigencias posteriores.