El proyecto de resolución reorganiza la estructura para la fijación de precios de gasolina motor corriente, gasolina oxigenada, y ACPM (diésel) en zonas de frontera de Colombia. Se establece que la regulación del precio de estos combustibles es responsabilidad de los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda, mientras que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) supervisará la estructura operativa y logística de precios. Se busca mejorar la transparencia en la fijación de tarifas y manejar las dificultades de interpretación existentes. La resolución afecta a diversas actividades de la cadena de distribución, excluyendo el GLP. Se publicaron modificaciones para su consideración por diez días hábiles antes de su determinación final.