El análisis se enfoca en dos ejes: la insuficiente valoración de consultorías que sustentan el proyecto y la posible creación de barreras de entrada al mercado debido a requisitos regulatorios muy exigentes, lo que podría afectar la libre competencia. Se menciona que el proyecto se basa en un mandato legal (Ley 2251 de 2022), que limita el número de agentes que pueden prestar servicios, lo que generaría restricciones. La SIC recomienda incluir una evaluación de las consultorías usadas, establecer mecanismos claros de supervisión y fomentar la competencia en la selección de servicios, así como ofrecer apoyo técnico y un sistema de ventanilla única para los interesados en convertirse en CALE. Esto busca garantizar un marco regulatorio justo que no restrinja la competencia.