Con esta norma se establecen regulaciones para las transferencias del sector eléctrico dirigidas a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ubicadas en áreas con alto potencial de energía solar y eólica. Su objetivo es garantizar la gobernanza con participación étnica, promoviendo el desarrollo económico y social de estas comunidades, así como la protección de su identidad cultural. El decreto exige que los recursos de las transferencias sean congruentes con los planes de vida y etnodesarrollo de las comunidades beneficiarias. Además, se establece la creación de una Mesa de Planeación y Seguimiento, que debe ser conformada con la participación de las comunidades, y se detalla el proceso de certificación de las comunidades beneficiarias por parte del Ministerio del Interior. Este marco normativo busca asegurar que las comunidades tengan voz en la gestión de los recursos que les afectan directamente.