El Decreto declara una Situación de Desastre Nacional en Colombia debido a la variabilidad climática que ha afectado varios departamentos, superando la capacidad de respuesta de las administraciones locales. Se fundamenta en la Ley 1523 de 2012, que establece que el Presidente puede declarar desastres cuando los efectos adversos rebasan los recursos disponibles. En 2024, se han emitido numerosas declaratorias de calamidad pública, evidenciando la vulnerabilidad de las comunidades ante eventos hidrometeorológicos extremos. El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo recomendó esta declaratoria, destacando la necesidad de un plan de acción específico para la recuperación de las áreas afectadas. El decreto también establece que las medidas pueden extenderse a otros territorios según se requiera. La UNGRD será responsable de elaborar el plan de acción, involucrando a comunidades y organizaciones en el proceso de recuperación y rehabilitación.