La SSPD en el presente concepto indica que la legalidad de que un propietario de un inmueble solicite la cancelación de un servicio público domiciliario cuando el inmueble está ocupado por una persona no autorizada depende de varios factores, incluyendo la legislación local y las circunstancias específicas del caso. Aquí hay algunos puntos clave a considerar: existen leyes que protegen a los ocupantes, incluso si están allí sin autorización, lo que podría complicar la capacidad del propietario para cancelar servicios, es posible que deba seguir un procedimiento legal específico, que podría incluir notificar al proveedor de servicios públicos y posiblemente a la persona que ocupa el inmueble.