Además, la resolución refuerza el papel del Estado en la regulación y supervisión del sector eléctrico, alineándose con las normativas existentes que buscan garantizar un servicio eficiente y confiable. Al introducir medidas transitorias que permiten una gestión más flexible del suministro, se busca responder a las condiciones cambiantes del mercado y del clima, lo que es especialmente relevante en un contexto de variabilidad climática. Esto no solo protege los intereses de los consumidores al asegurar un acceso continuo a la electricidad, sino que también promueve un uso racional y eficiente de los recursos energéticos del país, contribuyendo a un manejo sostenible del sector.

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