El concepto de la CGR aclara que los recursos obtenidos como resarcimiento por daño patrimonial deben destinarse al tesoro estatal, ya sea nacional o territorial, dependiendo de la entidad involucrada. Se menciona que actualmente no hay una norma específica que indique a qué entidad deben pagarse las sanciones impuestas por la Contraloría Departamental de Córdoba, aunque el Acto Legislativo 04 de 2019 establece que es competencia del Contralor General recaudar dichas sanciones. Además, se hace referencia al principio de unidad de caja, que implica que todos los ingresos públicos deben ser recibidos en un fondo común para su asignación al gasto público.