Por medio de este Decreto presidencial se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones para implementar Programas de Transparencia y Ética Pública, los cuales constituyen el conjunto de acciones que una entidad define para promover, al interior de la organización, una cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de corrupción que se presentan en el desarrollo de su misionalidad.