Para el Gobierno se hizo necesario establecer las condiciones bajo las cuales el ministerio de vivienda podrá otorgar el subsidio comunitario en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto para aquellas comunidades organizadas constituidas como personas jurídicas sin ánimo de lucro encargadas de gestionar y desarrollar acciones destinadas a garantizar de manera progresiva el derecho humano al agua

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