Aplica a las entidades que conforman la Administración Pública y a los particulares que cumplen funciones públicas o administrativas. La medida tiene por objeto establecer los lineamientos generales para fortalecer la gobernanza de la seguridad digital, la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y servicios esenciales, la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes de seguridad digital.