o la elegibilidad para su otorgamiento, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno nacional”.
“Cualquier persona que sea beneficiaria del mecanismo de vigilancia electrónica, estará obligada de acuerdo con su capacidad económica a cancelar la tarifa establecida por el Gobierno nacional para su asignación y uso. Sin embargo, la imposibilidad de pagar la totalidad o una parte de la tarifa de asignación y uso no impedirá el acceso al mecanismo de vigilancia electrónica
o la elegibilidad para su otorgamiento, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno nacional”.