Esta sanción se desprende de una investigación iniciada en diciembre de 2017, la cual cumplió todas las etapas procesales.   La otra sanción fue por $550.382.481 por no contar con un Plan de Emergencia y Contingencia ajustado a la normatividad, lo cual puso en riesgo la prestación eficiente del servicio público de aseo y los derechos de los usuarios frente a situaciones de materialización de emergencias. 

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