La SSPD explicó aspectos sobre la legalidad de los cobros de conexión para servicios de acueducto, especialmente en zonas rurales. Ante consultas sobre la imposición de "matrículas" con fines demográficos o urbanísticos y los límites para derechos de conexión, la SSPD aclaró que este tipo de cobros, como la "matrícula", fueron eliminados por la regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Solo se permiten los costos directos de conexión (medidor, materiales, mano de obra, diseño) y los cargos por expansión del sistema, que deben reflejar gastos reales sin incluir criterios urbanísticos. La entidad advirtió que los prestadores, incluyendo organizaciones comunitarias, están sujetos a vigilancia y control, y los directivos podrían enfrentar sanciones por aprobar cobros que se alejen de la realidad técnica y regulatoria, trasladando al usuario costos ineficientes o inexistentes.