Durante la mesa se llegaron a varias conclusiones, entre las que se destacan: la agilización de trámites a la que se compromete la ANM. En segunda instancia una campaña de sensibilización para que los compradores de minerales entiendan la importancia de comprar legal y al mismo tiempo para que las familias de los trabajadores del sector para que se concienticen de seguir los requerimientos de seguridad. El tercer punto es una política pública minera liderada por la Gobernación y en la que también participará la academia. El cuarto punto es la posibilidad de usar los recursos de las regalías para el fomento y mejoramiento de la actividad. Y finalmente capacitar a la Fuerza Pública y a la Secretaría de Gobierno sobre el marco normativo de la minería, en sus roles y responsabilidades.

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