La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) analizó la armonización de la autonomía y competencias ambientales indígenas con el régimen general del Sistema Nacional Ambiental (SINA). El documento abordó si una resolución de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA) del Resguardo Indígena de Pitayó, que autoriza el uso hídrico para un proyecto piscícola, puede ser reconocida como soporte ambiental suficiente para un proyecto PIDAR. Este análisis, basado en el Decreto Ley 1094 de 2024, concluyó que las decisiones internas de las ATEA deben conciliarse con las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) bajo principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad para resolver conflictos de competencias.