La Cancillería publicó un proyecto de decreto para revitalizar su política antártica, subrogando y adicionando la normativa existente. La iniciativa busca fortalecer la gobernanza interinstitucional del Estado en los asuntos del Continente Blanco, consolidando la Comisión Nacional para Asuntos Antárticos. Este paso tiene como propósito principal intensificar la investigación científica, promover la cooperación internacional y asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado Antártico. La nación aspira a una mayor incidencia en las decisiones globales sobre la Antártida, con miras a alcanzar la condición de Miembro Consultivo, reconociendo la relevancia ambiental y geopolítica de la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores jugará un papel central en la coordinación de estos esfuerzos nacionales e internacionales.