El Gobierno adoptó la política pública de gestión y administración de cementerios debido a la insuficiencia de la normativa existente para la custodia y preservación de cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no entregados (CINE). Las regulaciones previas carecían de lineamientos claros para la administración, articulación Nación-Territorio, registros de información adecuados y la participación efectiva de las víctimas de desaparición forzada. La nueva política busca fortalecer a los entes territoriales con herramientas para la gestión integral de cementerios, asegurar la preservación digna de los cuerpos con enfoque de derechos y memoria, y dar cumplimiento a una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz.