La SSPD abordó el tema de legalización de servicios de acueducto y alcantarillado en asentamientos informales. La consulta planteaba la viabilidad de exceptuar requisitos como titularidad legal del predio y licencia de construcción para legalizar el servicio y permitir el cobro individualizado en conexiones artesanales. La SSPD enfatiza que el acceso a servicios es un derecho, pero no absoluto, requiriendo cumplimiento técnico y legal. Aunque la Corte Constitucional eliminó la prohibición de invertir en asentamientos ilegales, el prestador debe realizar análisis técnicos de viabilidad. La titularidad legal es ajena al prestador, y la licencia de construcción aplica solo para obras nuevas. Se pueden usar esquemas diferenciales como la pila pública. Para el cobro individualizado, es indispensable un contrato de servicios públicos. Sin él, la empresa solo puede denunciar, buscar la legalización o reclamar perjuicios económicos.