La Entidad aclaró que, aunque las mejores prácticas agrícolas y pecuarias no pueden trasladarse directamente a la tarifa del acueducto, sí están relacionadas con la protección de ecosistemas estratégicos que garantizan el abastecimiento hídrico. Las inversiones ambientales adicionales permitidas incluyen pagos por servicios ambientales (PSA), que consisten en incentivos voluntarios a propietarios o usuarios para adoptar prácticas sostenibles que mejoren la calidad y regulación del agua. No obstante, la viabilidad del esquema PSA depende de factores como la articulación institucional, la voluntad local y la disponibilidad financiera, y debe hacerse bajo un enfoque integral que considere las dinámicas socioeconómicas y territoriales. Estos mecanismos son complementarios y deben integrarse a los instrumentos de planificación ambiental vigentes para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico y la eficiencia en la prestación del servicio.