La Entidad emitió un concepto sobre la viabilidad de establecer convenios de facturación conjunta entre empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. La CRA explicó el marco normativo aplicable, señalando que la facturación conjunta debe ceñirse a normas como la Ley 142 de 1994 y resoluciones específicas. Además, aclaró que no es competencia de la CRA dictar medidas para proteger indicadores financieros de las empresas concedentes, función que corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos. Finalmente, indicó que sólo en casos de razones técnicas insalvables justificadas ante esta entidad podría no procederse con la facturación conjunta, pero no corresponde a la CRA imponer condiciones para superar dichas dificultades ni establecer la obligatoriedad del convenio si no se ha agotado la negociación directa entre las partes.