El proyecto busca adicionar una regla al Decreto 1069 de 2015 para que las tutelas que involucren proyectos de interés nacional sean conocidas en primera instancia por los tribunales administrativos del lugar donde se ubique el proyecto. Esto pretende reforzar la jerarquía funcional, garantizar seguridad jurídica y preservar el interés general frente a decisiones judiciales que puedan afectar inversiones estratégicas en sectores como infraestructura, energía y minería. El Gobierno deberá definir qué proyectos califican como de interés nacional, tomando en cuenta su impacto económico y social. Se justifican los cambios con casos recientes donde fallos de tutela suspendieron proyectos clave, y se busca que jueces de mayor jerarquía conozcan de estos asuntos para evitar decisiones desarticuladas que comprometan el desarrollo nacional.