La Entidad precisó que los municipios pueden optar por contratar operadores privados para mejorar la prestación de servicios públicos cuando enfrentan limitaciones técnicas o económicas para prestarlos directamente. Según el marco legal, los servicios públicos domiciliarios pueden prestarse directa o indirectamente por el Estado, y la contratación de operadores privados se enmarca en el principio de libre competencia. Cuando un municipio no cuenta con los recursos o infraestructura adecuada, puede buscar operadores privados para garantizar la eficiencia y calidad del servicio, como en casos de recolección y disposición final de residuos sólidos. Esta modalidad debe cumplir con los procedimientos legales establecidos, incluyendo la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública. Además, la contratación privada es válida especialmente cuando el municipio ha agotado invitaciones públicas y demuestra que la prestación directa sería más costosa o menos eficiente.