Las tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado se regulan bajo el régimen de libertad regulada, donde las entidades tarifarias locales (alcalde municipal o juntas directivas de prestadores) fijan las tarifas autónomamente, pero deben calcularlas según criterios y metodologías definidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La CRA establece fórmulas y metodologías (Resoluciones CRA 688 de 2014 y 825 de 2017) para determinar los costos de referencia según el número de suscriptores y áreas atendidas. Estos costos son la base para fijar tarifas máximas, aplicando criterios de solidaridad y redistribución entre usuarios de diferentes estratos. La regulación busca equilibrar la eficiencia económica, la calidad del servicio y la protección de los usuarios, como lo dispone la Ley 142 de 1994.