La responsabilidad sobre la operación, administración y mantenimiento de la infraestructura del acueducto se distribuye claramente según la normatividad vigente: las redes primarias o matriz son responsabilidad del prestador del servicio público, quien financia estos costos a través de las tarifas cobradas a los usuarios; las redes secundarias o de distribución local y las acometidas domiciliarias son diseñadas y construidas por los urbanizadores, aunque luego el prestador asume su administración, operación y mantenimiento; mientras que el mantenimiento de las redes internas o acometidas dentro de los inmuebles recae en los propietarios. Esta delimitación garantiza claridad en la gestión y responsabilidades de cada actor, y la facturación hacia los usuarios debe reflejar únicamente los costos reconocidos y regulados por la autoridad competente, principalmente la energía para estaciones de bombeo si es asumida por el prestador, evitando incluir costos externos o no autorizados, lo cual protege al usuario y asegura transparencia en el cobro del servicio.