Dado que la capacidad socioeconómica del infractor es un factor crucial para establecer multas adecuadas y justas, el Ministerio aclaró cómo las autoridades ambientales deben evaluar esta capacidad utilizando la información disponible, como el registro en el SISBEN y otros datos económicos o patrimoniales. Estas determinaciones son fundamentales, ya que permiten que las sanciones sean proporcionales a la realidad económica del infractor, garantizando así un enfoque más equitativo en la aplicación de la ley. Esta explicación también busca garantizar la transparencia y la consistencia en la aplicación de las sanciones ambientales, facilitando el cumplimiento normativo y la restauración ambiental.

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