Las consecuencias de la declaración de un DMI incluyen la prohibición de actividades mineras y la obligación de respetar normas de conservación y manejo sostenible en el área. La sentencia enfatiza que, aunque el contrato fue celebrado antes de la declaración del DMI, esto no permite considerar la continuidad de las actividades mineras, dado que la regulación ambiental tiene efecto inmediato y vinculante. Adicionalmente, los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) refuerzan esta prohibición al establecer directrices para el uso del territorio y protección de recursos hídricos, indicando que cualquier actividad, incluida la minería, debe alinearse con los objetivos de conservación y sostenibilidad de las cuencas hidrográficas, asegurando así la integridad ecológica y el bienestar de los ecosistemas afectados.

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