Los prestadores de servicios públicos domiciliarios tienen el deber de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones, reclamos o recursos que presenten sus usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales dentro de los quince días hábiles contados a partir de la recepción, resolviendo de fondo y realizando en debida forma el trámite de notificaciones, so pena de que se produzca el acto ficto o presunto de silencio administrativo positivo y sea objeto de las sanciones e investigaciones que la norma contempla.