la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana y de otra, a través de las “sanciones administrativas” en materia ambiental (como función preventiva, correctiva y compensatoria) garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento.

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