Así lo proponen un proyecto de ley que tiene como objeto facultar a la Sociedad de Activos Especiales – SAE- para que dentro de la autonomía administrativa y disposición de los bienes producto del ejercicio de la acción de extinción de dominio, reserve una partida equivalente
al 5% de estos, con el objetivo de que los entes territoriales y/o las demás autoridades competentes en materia de primera infancia y jardines infantiles públicos, dispongan de algunos los bienes mencionados para que sobre estos funcionen nuevas sedes de cuidado infantil.
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