Esta resolución establece la tarifa de contribución que deben pagar las sociedades vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades en 2025, basada en un porcentaje del total de activos a 31 de diciembre del año anterior. La tarifa general es de 0,1194 COP por cada 1,000 COP de activos, con un máximo del 1 por mil y un mínimo equivalente a un salario mínimo mensual. Es importante porque determina los recursos que la entidad recaudará para su funcionamiento y supervisión. La tarifa puede variar según el estado de la sociedad (activa, en reorganización o en liquidación), pero siempre respetando esos límites, garantizando una contribución equitativa y ajustada a la capacidad de las empresas